El Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti ha quedado en el centro de la polémica tras la denuncia de una empleada que acusó a su compañero, MJFO, de coacción y amenazas. Según la denunciante, el incidente ocurrió el 17 de noviembre de 2022, cuando el hombre encontró en una computadora de uso laboral fotos de índole erótica de la mujer.

Aprovechando esta situación, MJFO la amenazó con hacer públicas las imágenes si no accedía a cambiarle su turno de trabajo, generando un clima de temor y malestar en la víctima.

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La denuncia motivó una investigación que culminó en agosto de 2023 con la imputación formal de MJFO por coacción. Durante la audiencia, se llegó a un acuerdo para otorgarle una suspensión de juicio a prueba, un proceso conocido como probation, que duraría un año y que incluía diversas condiciones que debía cumplir. Entre las medidas impuestas, se encontraba la obligación de mantenerse a más de 200 metros de la denunciante, asistir a un tratamiento psicológico enfocado en cuestiones de género y ofrecer una reparación económica en forma de algodón al hospital, equivalente a 50 mil pesos.

El marco del proceso judicial requería que el imputado mantuviera un domicilio fijo y se presentara cada tres meses ante la Oficina Judicial. Además, debía abstenerse de consumir drogas y evitar el abuso de alcohol. Aunque la querella aclaró que la víctima no estaba interesada en la compensación económica, esta medida fue parte de las condiciones acordadas.

Al cumplirse el año de probation, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de MJFO, argumentando que había cumplido con todas las pautas establecidas. La jueza de Garantías, María Agustina Bagniole, consideró la solicitud y aprobó el pedido de la Fiscalía, extinguiendo así la acción penal. En su fallo, la jueza destacó que el proceso judicial “no afecta el buen nombre y honor” del imputado, conforme a lo dispuesto por el Código Penal.