Chichinales – En el marco de un control de rutina minutos antes del mediodía de ayer efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales secuestraron un camión Volkswagen, modelo 319-13.180, Tipo Chasis C/Cabina de color blanco y con cisterna azul que era buscado desde el 2019 por una causa judiciales contra la ex Presidenta y actual Vice Cristina Fernández de Kirchner.

El operativo comenzó a las 11,50 horas en el km 1117 de la ruta 22, precisamente en el destacamento de Caminera, a partir de detectarse a un caminó Mercedes Benz con semirremolque que transportaba al mencionado rodado que quedó secuestrado y que circulaba desde Comodoro Rivadavia con destino a Neuquén.

El camión Volkswagen y cuya titularidad está a cargo de la firma Austral Construcciones SA del empresario Lázaro Báez registraba pedido de secuestro desde el 10 de marzo de 2019 por infracción al artículo 303 del Código Penal, causa en la que se investiga a la ex mandataria por lavado de dinero.

Al momento del control el conductor presentó como única documentación el Remito de Traslado de la empresa Rental Trucks y Actuación Notarial.  A partir de una verificación en el sistema Sifcop se constató el vigente pedido de secuestro.

Tras más consultas con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de Buenos Aires se dispuso que el camión quedase estacionado en el parque automotor de Caminera, aguardando directivas y/o disposiciones por parte del Tribunal que interviene.

La causa judicial que desencadenó el secuestro del camión se originó en el 2013 a raíz de una denuncia de la diputada Elisa Carrio, la cual derivó en una investigación tras afirmarse que distintas empresas del Grupo Austral, de Báez, estaban intercambiando facturas truchas entre sí para evadir el pago de impuestos.

Además, la investigación judicial derivó en otras causas como la denominada “Vialidad”, relacionada a irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

En ésta se revisaron las incontables contrataciones que la empresa de Lázaro Báez, realizaba con el estado nacional, mediante licitaciones arregladas, en la denominada «Causa Vialidad». En este proceso, la expresidenta fue acusada de beneficiar a Báez con el 80% de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.

Finalmente, el tribunal condenó meses atrás a Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces entendieron que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en casi 85 millones de pesos.