Si bien la justicia rechazó recientemente el pedido de prisión preventiva para el automovilista que hace casi 5 años atropelló y mató Eliana Cheuquepan Correa (embarazada) y Alan Marcolongo, la familia de este último rescató que en la decisión de los jueces se haya resuelto reforzar las medidas cautelares y así impedir a que pueda salir de la ciudad.

“No fue lo que esperábamos, pero para nosotros es un pasito más porque cada vez está más limitado”, comentó al diario digital LCR Teresa Parra, mamá de Alan. “Ojalá que antes de fin de año la justicia llegue de una vez por todas”, agregó.

Por pedido de la fiscal Vanesa Cascallares, y en forma conjunta con la querella, durante la semana se llevó a cabo una audiencia en la que ambas partes solicitaron al tribunal conformado por los jueces Maximiliano Camarda, Oscar Gatti, y Emilio Stadler la prisión preventiva para Carlos González, solicitud que no prosperó ya que fue rechazada.

No obstante, el tribunal sí accedió a reforzar las medidas cautelares al imponer al sujeto una prohibición de salir del ejido de Villa Regina y disponer la colocación de una tobillera electrónica con el fin de monitorear su cumplimiento y así disminuir las probabilidades de que se dé a la fuga.

El pedido de la Fiscalía y la Querella surgió a partir de la reforma penal en Río Negro que impide a los condenados a que caminen entre sus víctimas. En este sentido, desde agosto el nuevo artículo 109 bis del Código Procesal Penal de la provincia asegura la prisión preventiva de condenados a penas efectivos mientras esperan el fallo de la Corte Suprema.

A partir de lo resuelto por los jueces, hoy González continúa en libertad pese a que hace 4 años se lo declaró culpable y se le dictó sentencia por ser el autor del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, agravado por pluralidad de víctimas, por haber obrado con culpa temeraria y con un nivel de alcoholemia superior a 500 mg. por litro de sangre”.

La pena solicitada fue de 6 años, la máxima que establece el Código Penal, pero el hecho de que no haya contado con antecedentes la misma se redujo a 5 años y 9 meses, la más alta que hasta ese momento se haya impuesto en Río Negro.

Sin embargo, quien no se expide desde hace más de 3 años es la Corte Suprema y por ese motivo la sentencia aún no quedó firme y las familias de Cheuquepan y Marcolongo continúan pidiendo justicia.

“Es angustioso estar esperando y no vamos a descansar y estar tranquilos hasta que se cierre este círculo. Si bien los chicos no van a volver, no es justo que tenga que cruzarme o ver circulando, caminando a quien les arrebató sus vidas”, dijo Teresa una vez concluida la audiencia que se realizó a comienzos de la semana.

Cabe recordar que el trágico choque ocurrió en enero del año 2019 cuando el automovilista circulaba a bordo de una Citroën Berlingo por la avenida General Paz en sentido sur-norte (desde el río hacia el centro) en estado de ebriedad, de manera zigzagueante, sin licencia y en exceso de velocidad.

Durante el juicio se comprobó que en el trayecto de abandonar la Isla 58 el sujeto realizó algunas maniobras de sobrepaso y en una de ellas, a la altura de la chacra N° 90, invadió el carril contrario y embistió de manera frontal a la moto Gilera de 150 cc en la que circulaban las víctimas fatales: Alan Marcolongo y Eliana Cheuquepan Correa, quien presentaba un embarazo de 5 meses.

Además de la pena de 5 años y 9 meses de prisión, también se le impuso en agosto de 2020 el plazo de 10 años de inhabilitación para poder conducir.