Los alcances de la iniciativa fueron explicados por el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, y la subsecretaria de ese organismo, Natalia García.

El funcionario detalló que el personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses, monto que se abonará al contado o en cuotas, de acuerdo a la antigüedad laboral.

Tras aclarar que quienes se desvinculen no podrán ingresar nuevamente para desempeñarse como agentes públicos, informó que continuarán recibiendo las prestaciones del IPROSS por un año, durante el cual el Ejecutivo afrontará el pago de la cuota de afiliación mensual.

Además los agentes que con posterioridad a su desvinculación registren su alta tributaria unipersonal en alguna actividad económica en la provincia, gozarán de una exención en el impuesto a los ingresos brutos de 100% durante los primeros doce meses y de un 50% por doce meses más. En el caso de los que ya registren una actividad económica, la exención para la misma será de un 50% durante los primeros doce meses y de un 25% por un período igual.

Por otra parte, las personas físicas o jurídicas que contraten, en relación de dependencia, agentes desvinculados, dentro de los doce meses de producida la desvinculación del sector público, gozarán de un crédito fiscal en el impuesto sobre los ingresos brutos, automotor o inmobiliario equivalente al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada nuevo trabajador incorporado. Esto será durante un año o la extinción de esa relación de empleo, lo que suceda primero.

Quedará excluido de este régimen el personal que esté sometido a proceso penal o sumario administrativo con formulación de cargos que pueda derivar en sanción de cesantía o exoneración.
También aquellos que se encuentren en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria de acuerdo a la normativa en vigencia o le falten hasta cinco años para reunir los requisitos de edad y servicios para su otorgamiento.

Tampoco podrán acceder, entre otros, los funcionarios políticos y las autoridades superiores, policías, penitenciarios, docentes y personal que no revista en la planta permanente.

Cantidad y calidad del personal
El ministro Sánchez afirmó que el gobierno de Río Negro “inició hace varios años un importante proceso de modernización del Estado, que incluye ahora la necesidad de trabajar en la cantidad y calidad de su personal”.
Recordó que la ley que se pretende modificar se encuentra vigente “y ha dado resultados positivos”, e inmediatamente aclaró que “con estos agregados la intención es mejorarla”.

También recalcó que el Ejecutivo tendrá la potestad de aceptar o rechazar esas solicitudes de retiro, de acuerdo a los momentos y a la situación económica de la provincia.

Varias consultas y propuestas
Algunos legisladores realizaron consultas y sugerencias, como Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), quien sugirió que se invite a los municipios a adherir a la propuesta. La respuesta llegó de la mano de Facundo López (JSRN), cuando mencionó que esa posibilidad ya figura en la ley actual.
José Luis Berros (Vamos con Todos) pidió una estimación de la cantidad de agentes públicos en condiciones de acceder a este plan. Sobre ello Lastra reveló que “la cantidad de planta ocupada que podría adherir es de 11.810 trabajadores”.

Berros, además, quiso saber si existe una previsión presupuestaria para afrontar estas desvinculaciones. El encargado de responder afirmativamente fue el ministro Sánchez, quien mencionó que se calcula una erogación promedio por cada desvinculado de alrededor de 10 millones de pesos.

En otro tramo de la reunión, el legislador radical Ariel Bernatene sugirió acortar la cantidad de cuotas del pago a quienes se desvinculan, así como actualizar sus montos de acuerdo al aumento salarial que obtenga la categoría en la que revestía. También propuso que los profesionales retirados puedan retornar al Estado, si lo desean, para desempeñarse en la docencia.

Más adelante, María Laura Frei (PRO) requirió incluir a los trabajadores de empresas estatales deficitarias y excluir al personal de salud. Javier Acevedo (Coalición Cívica ARI-Cambiemos) dijo lo mismo sobre los agentes de ese sector, pero particularmente los profesionales.

En otro orden, el legislador de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos mencionó la posibilidad de que en lugar de abonar una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad a quienes se desvinculen, sea un monto igual a dos salarios, pero puntualmente para los trabajadores que tengan entre uno y cinco años de antigüedad.

Finalmente Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) realizó un aporte a la iniciativa, consistente en generar capacitaciones y facilitar créditos para los retirados que decidan iniciar un emprendimiento económico.

Tras las deliberaciones se aprobó el dictamen por mayoría, reservándose 48 horas para tomar una decisión el PRO y Vamos con Todos.