Tres funcionarios de la gestión de la ex gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, fueron imputados por abuso de autoridad en el marco de una investigación por irregularidades en la compra de un avión sanitario Cessna Citation V Ultra que fue adquirido en el año 2022 por una suma de 4,2 millones de dólares. El actual gobernador Alberto Weretilneck inició un proceso para vender la costosa aeronave.

Según la acusación, José María Apud (Secretario General), Gonzalo Regueira (Secretario de Administración) y José María Scheverin (Director de Aeronáutica) habrían omitido cumplir con la normativa vigente, lo que habría derivado en sobreprecios y falta de transparencia.

Entre las principales irregularidades señaladas por la Fiscalía se encuentran la falta de rigor técnico en la evaluación de costos: Scheverin, en su calidad de director de Aeronáutica, habría presentado un informe de costos carente de fundamentación y documentación respaldatoria, sobreestimando el valor de diversos ítems, como el avión en sí, la instalación de internet satelital y el equipamiento médico.

En cuanto a los sobreprecios y falta de transparencia, desde el MPF se indicó que Apud y Regueira habrían aprobado y promovido una licitación con un costo estimado significativamente superior al valor de mercado, sin realizar una evaluación exhaustiva de las ofertas y sin justificar debidamente los gastos.

También se investiga el incumplimiento de la normativa ya que los funcionarios habrían violado diversas normas provinciales que establecen los principios de eficiencia, economía y transparencia en las contrataciones públicas.

Entre las principales pruebas que la fiscalía puso a disposición se encuentra el expediente administrativo de la compra de la aeronave que revelaría una serie de irregularidades en la tramitación y evaluación de las ofertas.

También hay informes del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Contaduría General que corroboran las irregularidades denunciadas.

Además, se suman un peritaje realizado por la Universidad Nacional de La Plata que concluyó que el valor de la aeronave y sus equipamientos fue sobreestimado. Además de la declaración de varios testigos que sumaron su testimonio al legajo.

La defensa de los imputados solicitó la ampliación de varios de los informes presentados y negaron las acusaciones.

La investigación continúa

El juez Adrián Dvorzak fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. Durante este período, se recabarán nuevas pruebas y se escucharán a los testigos. Los imputados se encuentran en libertad, pero enfrentan una acusación grave que podría derivar en una condena de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que, en la audiencia realizada hoy, el fiscal jefe indicó: «José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Sheverin», habrían sido quienes intervinieron “en el trámite administrativo de la compra de la aeronave Cessna Citation por licitación pública N° 101/2021 instrumentada mediante Expediente de la Secretaría General, entre el 5/04/2021 y el 13/04/2022 aproximadamente”.

En ese proceso, todos ellos “omitieron cumplir con el artículo 47 de la Constitución Provincial que establece el principio de eficiencia para la administración pública provincial, el Art. 86 de la ley Nº 3186 que dispone que las contrataciones del sector público provincial tienen por objeto permitir un aprovisionamiento eficiente de los bienes y servicios; y los Arts. 2, 5, 10 y 12 del Reglamento de contrataciones que establecen el aprovisionamiento de bienes y servicios de una manera eficiente, eficaz, económica, al menor costo posible y la defensa de la hacienda pública”.

Según explicó el Fiscal, Scheverin – en su calidad de director de Aeronáutica de la secretaria de Transporte de la Provincia de Río Negro-, incumplió con la norma que “dispone como requisito para tramitar una contratación, que la estimación oficial del costo se haga mediante un informe técnico que lo evalúe en forma fundada y razonada acorde a los valores de mercado”.

En este sentido, y al momento de explicar el contexto de la maniobra imputada, resaltó el Fiscal Jefe lo llamativo de que ambas instancias se produjeran con poco más de 20 días de diferencia, entre el 6 de enero que se declara fracasada la primera licitación y el 1 de febrero de 2022 que se adjudica el avión. “Pleno receso administrativo en el que, no obstante, intervinieron en el trámite gran cantidad de organismos estatales”.

En cuanto al sustento probatorio dijo que se compone de la denuncia penal realizada por un legislador y la totalidad de los informes técnicos realizados en donde surgen las intervenciones de los tres imputados. Enfatizó en que la investigación preliminar consideró especialmente la pesquisa realizada por el Tribunal de Cuentas rionegrino que dispone la intervención de una comisión auditora conformada por tres contadores que “evidencian una gran cantidad de observaciones, no sólo de costos, sino además del trámite administrativo propiamente dicho”.

Se analizó además el informe suscripto por el Auditor General que culmina con la imposición de multa a los nombrados, cuya erogación ya fue cumplida. “También se consideraron los descargos que los mismo imputados realizaron en el marco de esa investigación interna”, aclaró el referente del Ministerio Público Fiscal.

Además, se evaluó un expediente del Consejo Federal de Inversión que incluye un informe desarrollado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata a quien se le requiere una tasación que arroja como resultado un valor muy inferior al efectivamente pagado. “Lo llamativo de este informe es que la tasación se requiere y se realiza luego de que la aeronave hubiera sido adjudicada”, aclara el acusador público.

Agregó que se consideró el informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que también hace observaciones al proceso de compra e impulsa el juicio de responsabilidad que tramita en el Tribunal de Cuentas.

Finalmente destacó Peralta que, con toda esta información el Ministerio Público “también realizó su propia evaluación, firmada por el equipo de contadores propio, en el que se reiteran las observaciones y se constata el apartamiento de las normas que dan impulso a la presente imputación”.

A su turno los abogados particulares de los tres imputados manifestaron consideraciones a la formulación, pero sólo uno se opuso a la misma. No obstante, el Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.