General Roca – Hoy iniciaron las audiencias por el juicio de cesura de la pena contra las cuatro personas declaradas culpables por haber defraudado a la obra social provincial Ipross, a través de ventas simuladas de medicamentos.

En esta última etapa del proceso, prestaron declaración hoy un total de 10 testigos, algunos lo hicieron de manera presencial, otros por la plataforma Zoom desde Viedma y desde Buenos Aires.

De esta manera, se escuchó la palabra de varias personas vinculadas a la Obra Social Ipross: la actual presidenta, el subsecretario de asuntos legales, el secretario general administrativo, el director de farmacias e insumos médicos.

Luego, estuvieron presentes como testigos el vice presidente del Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro, una empleada administrativa de ese organismo, también lo hizo una farmacéutica y el titular de la Confederacion Farmacéutica Argentina (CoFA).

En tanto, durante la tarde hicieron lo propio uno de los contadores de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UAsIF), y el titular de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público.

Las audiencias continúan mañana y se prevé que los alegatos finales ocurran el jueves próximo en la Sala 5 de los Tribunales de General Roca.

Cabe recordar que en la primera etapa se declaró la responsabilidad penal de los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró y Rodolfo Mastandrea y de la ex auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Sandra Fasano, quienes fueron condenados por el delito de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”.

Detalles del debate oral y público respecto de la responsabilidad penal

Cabe recordar que el debate comenzó el 27 de junio de 2023, durante esos meses se concretaron 95 jornadas en total y se escucharon alrededor de 312 testigos: 234 propuestos por la acusación, 28 de las defensas, y 50 testigos comunes.

En el juicio de responsabilidad se escucharon a pacientes de Ipross, dueños y empleados de farmacias, representantes de droguerías, agentes de la obra social y funcionarios de distintas áreas del gobierno provincial. También a numerosos peritos y expertos que abordaron la prueba informática, contable, caligráfica y criminalística, entre otras especialidades.

El Tribunal de Juicio está integrado por la jueza Laura Pérez y los jueces Oscar Gatti y Luciano Garrido. La Oficina Judicial Penal de Roca previó que el debate demandaría las jornadas descriptas y por la envergadura del mismo, es decir cantidad de testimonios, de pericias, también se sumaron los pedidos que se fueron suscitando a lo largo de estos meses, es que en su momento se designó también a la jueza Claudia Lemunao como magistrada suplente del Tribunal, habilitada para actuar ante cualquier eventualidad que pueda surgir a lo largo del extenso cronograma.

El equipo fiscal está conformado por tres integrantes del Ministerio Público: la fiscal jefa Teresa Giuffrida y los fiscales del caso, Gastón Britos Rubiolo y Marcelo Ramos.

En tanto la querella, en nombre del Estado provincial como damnificado, está a cargo del abogado Federico Rosbaco. Mientras que la abogada Patricia Espeche y el abogado Carlos Vila asumieron las defensas particulares de las cuatro personas imputadas.

Los hechos y coautoría en duplas

El veredicto puso en un rol central a la ex auditora del Colegio y determinó que cada uno de los farmacéuticos imputados fue “coautor” con ella de cada uno de los delitos cometidos. Si bien el Tribunal destacó el vínculo y el conocimiento que todos tenían entre sí, precisó que cada uno era independiente en su posibilidad de continuar o no con las maniobras en connivencia con la auditora.

Los hechos de la acusación se organizaron en cuatro modalidades (en el juicio se las identificó como Hechos 1A, Hechos 1B, Hechos 2 y Hechos 3). Cada modalidad explica una maniobra distinta para simular ventas de medicamentos supuestamente recetados a afiliados de Ipross.

Se trataba de remedios para enfermedades como epilepsia y diabetes, que tenían cobertura al 100% de la obra social. En los sistemas informáticos que compartían las farmacias de los acusados y el Colegio de Farmacéuticos se cargaron, validaron y facturaron medicamentos que no figuraban en las recetas, o se agregaron cantidades o medicamentos extra a recetas que ya estaban validadas o directamente se crearon recetas ficticias.

El Tribunal explicó en su fundamentación que “usaron al Colegio de Farmacéuticos para lograr el pago viciado del Ipross”. Lo hicieron presentando a la obra social rendiciones quincenales de recetas que habían sido adulteradas manual o digitalmente. Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2013 y abril de 2019.

El delito de estafa se configuró, según explicó el Tribunal, porque se dieron los tres elementos básicos de esa figura delictiva.

Uno es el “engaño” intencional de los imputados al Ipross, a través de la manipulación de los sistemas informáticos y del conocimiento que tenían sobre los circuitos administrativos y de control, aprovechándose de un convenio con la obra social que les asignaba las principales tareas de auditoría al propio Colegio.

Otro es el “error” en el que efectivamente cayó a la obra social, como consumación del engaño, que llevó a la entidad estatal a pagar por remedios inexistentes.

Y el tercero es la “disposición patrimonial”, es decir, las transferencias millonarias de dinero que Ipross hizo a los farmacéuticos por la cobertura de medicamentos que ellos jamás habían vendido. Allí radica el perjuicio económico al Estado, que en 2019, al inicio de la investigación, se calculó en 66 millones de pesos. Según el veredicto de hoy, ese valor actualizado a diciembre de 2023 arroja un total de 2.400 millones de pesos.

Más de 570 estafas

Para el Tribunal, cada rendición quincenal de recetas al Ipross fue una estafa independiente. No se trató, como alegó una de las defensas, de un único delito continuado a lo largo de los años.

El veredicto explicó que en cada envío, la ex auditora y cada farmacéutico compartieron el “dominio funcional” del hecho y tuvieron una intervención esencial. Para cada hecho hubo entre ambos “un plan común” y un reparto de beneficios.

En ese sentido, la auditora fue declarada responsable de un total de 574 estafas, distribuidas en las cuatro modalidades clasificadas por la acusación. En su mayoría son hechos cometidos en coautoría con alguno de los tres farmacéuticos, en tanto que otros corresponden a la farmacia involucrada en la condena de 2022 y a la farmacia de un familiar fallecido de la imputada.

Uno de los farmaceúticos fue declarado penalmente responsable de 249 estafas en coautoría con Fasano, en las cuatro modalidades. Otro de los imputados fue condenado por 122 hechos en todas las modalidades, siempre en coautoría con la auditora, y finalmente el último fue declarado culpable de 107 estafas en tres modalidades distintas, como coautor con la ex auditora.

En tanto que tres de los imputados fueron absueltos por algunos pocos hechos de la modalidad 3, al no haberse acreditado si se trató de ventas de medicamentos reales o ficticias.

Algunos datos

Los montos actualizados del perjuicio causado a la obra social, hoy ascienden a una suma que supera los 4.157 millones de pesos.

En total, son cinco las farmacias involucradas: 4 de Roca y una en Allen, quienes contaron con una fortuna que representa el 43,23% de lo desembolsado por los planes para afiliados con diabetes o epilepsia en un año. También equivale al 23,43% de la facturación total al Ipross de las 259 farmacias habilitadas en toda la provincia de Río Negro durante el 2023.

Durante la audiencia de cesura que se realizó este martes hubo cruces y contradicciones entre las defensas, la fiscalía y la querella. La representante de tres de los condenados solicitó la suspensión de la audiencia por considerar vicios en el proceso, pero su planteo fue rechazado por el tribunal.