Ingeniero Huergo – Desde hace pocos minutos se está llevando a cabo un allanamiento en la Municipalidad huerguense a partir de una denuncia penal por “peculado” y “abuso de autoridad” que presentaron los integrantes del Tribunal de Cuentas y concejales de la oposición contra la intendente, el Subsecretario de Gobierno y su esposa.

La denuncia fue presentada a comienzos de esta semana y está firmada por la Presidente del Tribunal Silvina Santos y el vocal Rodrigo Amorosi. También por los concejales de la UCR Antonio Casanova y Gabriela Martín.

En diálogo con LCR, el abogado querellante, Federico Diorio, explicó que el delito se originó a partir de la designación durante la actual gestión municipal de un funcionario por decreto, persona a quien nunca la inscribieron como empleado y nunca le (emitieron un solo recibió de sueldo) pagaron.

Según la denuncia penal presentada, y confirmada por el abogado, la intendente permitió que el funcionario ejerza la función pública, sin estar registrado ni como empleado ni como prestador de servicios.

Al no contar con una figura jurídica, el Municipio no emitió un solo recibo a favor del funcionario que se desempeña desde fines de diciembre de 2023 como Subsecretario de Gobierno. Por ende, se indicó que fue su esposa quien tuvo que gestionar el Monotributo para poder cobrar.

De este modo, la mujer le factura al Municipio por los servicios personales realizados por su esposo. En la denuncia se establece que esta justificación formulada por el Poder Ejecutivo deja en claro un reconocimiento de las irregularidades llevadas a cabo.

“Acá ya hay abuso de autoridad y peculado”, afirmó Diorio. En este sentido, vale señalar que el abuso de poder está penado en el Código Penal. “La intendenta tiene cumplir con la ley, por su rol de Intendenta y no lo hace. Desde ese momento es que está incumpliendo con las normas propias de la Municipalidad y la ley de Ética Pública”, agregó el abogado por querellante.

A su vez, señaló que existe peculado desde el momento que desde el Poder Ejecutivo local se paga a una persona que no presta servicios al Municipio, es decir, que se saca dinero de las arcas municipales sin que sea un destino para la Municipalidad.

Además, se indicó que con el transcurrir de los meses al funcionario designado por decreto, y también contratado por el Municipio, se le hizo un contrato retroactivo. “Un funcionario no puede ser contratado y por eso no lo blanquearon”, recalcó Diorio.

La denuncia contra la intendente es por “abuso de autoridad en dos hechos” y “peculado en dos hechos”, todo en concurso real en calidad de autora. La denuncia también alcanza al Subsecretario de Gobierno por “abuso de autoridad en calidad de autor” y “peculado en calidad de participe necesario”, todo en concurso real. Por último, a la esposa del funcionario se la denunció por “peculado en calidad de partícipe necesario”.

En cuanto a las penas, en el Artículo 252 se establecen multas e inhabilitaciones especiales de 6 meses a 2 años al funcionario que propusiese o nombrase para un cargo público a una persona que no reúna los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptase un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

Por su parte, el Artículo 261 determina que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que sustrajera caudales o efectos cuya administración, percepción o custodio le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.

A partir del allanamiento que comenzó esta mañana para secuestrar los libros contables, y en virtud de las declaraciones que brindó el abogado, este medio intento sin éxito comunicarse con la intendente huerguense Silvia Penilla.

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