Tal y como se había anunciado desde el sitio web de noticias Cipo 360, ayer se realizó la audiencia de acusación, donde el fiscal del caso Andrés Azar formuló cargos a esta persona que rocío y prendió fuego a dos mujeres que son parte de su entorno familiar, y pidió que permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La acusación la efectuó el jueves por la tarde, durante una audiencia en la Ciudad judicial. Acompañado por la agente judicial Laura Cerovich, imputó a J.G.L el delito de tentativa de homicidio agravado por codicia, en concurso ideal con tentativa de homicidio simple.

De acuerdo a la información provisoria recolectada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) en conjunto con la Policía provincial, el hecho fue cometido ayer entre las 17.20 y 18 aproximadamente, en una vivienda de calle Batilana de la ciudad de Neuquén. Azar planteó que la vivienda está dividida en dos, y en una parte vive el acusado y en la otra la hermana con su familia.

En horas previas al momento del hecho, el acusado de manera constante provocó y amenazó de muerte a su hermana y al resto de la familia de ella «por viejas disputas que mantenían en torno a la sucesión de la vivienda», según indicó el fiscal del caso.

En un momento determinado, J.G.L primero atacó con un sacacorchos a uno de los varones, pareja de su sobrina, y le provocó una lesión en la zona del cuero cabelludo.

Después, ingresó a su casa y salió con un balde con algún tipo de combustible que aún no fue determinado (nafta, gasoil, querosene, por ejemplo) y rocío a su hermana y su sobrina. De forma inmediata, las prendió fuego y volvió a ingresar a su vivienda.

Azar sostuvo que ambas víctimas «salvaron providencialmente sus vidas gracias a la rápida intervención de los cónyuges de ambas». El fiscal del caso destacó que «este no fue un hecho aislado», en el contexto de una disputa por la sucesión de la vivienda: la violencia fue en aumento con el paso del tiempo, además de existir denuncias previas de parte de las víctimas hacia el imputado y medidas ordenadas por el ámbito judicial.

Como medida de coerción el fiscal del caso requirió la imposición de seis meses de prisión preventiva, por existir riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación y para la integridad de las víctimas.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Guaita, avaló la formulación de cargos y estableció el plazo de investigación en cuatro meses. Respecto al pedido de prisión preventiva, lo respaldó por un plazo de cuatro meses.