Durante dos jornadas el gremio ATE paralizó la administración pública a raíz de las audiencias, donde el objetivo era juzgar a dirigentes del gremio a raíz de una manifestación en 2019.

Sin embargo según expresó el gremio estatal “se llegó un acuerdo conciliatorio que extingue la acción penal y concluye con el archivo de la causa. El mismo se realizó en los términos del artículo 22 del Código Procesal Penal que considera este tipo de soluciones destinadas a priorizar la armonía entre las partes de la causa y la paz social”.

Los acusados eran Romeo Aguiar, secretario gremial de la CTA Autónoma y dirigente de ATE, Claudia Reyes, coordinadora de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma, y Zulma Dávila, secretaria general de la CTA Autónoma de Roca y secretaria adjunta de ATE en esa ciudad.

Por otro lado, el sindicato mantiene hoy las medidas de fuerza vinculadas al deterioro económico. La medida afecta a escuelas, hospitales y el resto de la administración pública.