“Es un proyecto que contempla la declaración de la educación como un servicio estratégico esencial para la provincia, que está en línea con lo que tiene media sanción en la Cámara de Diputados”, explicó el autor de la iniciativa que acompañaron con su firma los legisladores María Laura Frei, Martina Lacour, Ofelia Stupenengo, Gabriela Picotti, Juan Ignacio Murillo y Claudio Doctorovich.

De aprobarse este proyecto que hoy pasó el filtro de su comisión de origen y podría tratarse esta semana, cada escuela deberá mantener una guardia mínima del 30% de su planta docente y no docente en caso de paro. En el supuesto de que la medida de fuerza se extienda por más de dos días, dicha guardia deberá ser del 50%.

“No se discute el derecho a reclamar por parte del personal, como equivocadamente plantean los gremios queriendo enredarnos en una discusión semántica”, remarcó Juan Martin, planteando que “lo que buscamos es armonizar la protesta con el derecho fundamental a la educación, garantizando que las escuelas estén abiertas”.

“Países como Francia, Alemania, España, Ecuador y Perú tienen normas que declaran a la educación como un servicio esencial y fijan límites en caso de medida de fuerza. La tarea de los maestros y del personal auxiliar es tan importante como la de los policías o la de los trabajadores de la salud, por eso no deberían poder parar por completo las escuelas”, añadió.

El presidente del bloque PRO-Unión Republicana consideró que “de aprobarse este proyecto, el gobierno tendría una herramienta para cumplir con su obligación de asegurar el derecho a la educación” y se mostró confiado en el tratamiento de la iniciativa al indicar que “así como en la Comisión de Educación de la Legislatura tuvimos el apoyo de otros espacios; en el Congreso Nacional, salvo el kirchnerismo, todos los bloques apoyaron un proyecto similar”.