El Tribunal de Impugnación ratificó las condenas dictadas contra cuatro farmacéuticos de General Roca, quienes fueron hallados culpables de defraudar al IPROSS mediante la simulación de ventas de medicamentos.

Sandra Fasano, Claudio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró, recibieron penas de prisión que varían entre 6 años y 9 años y medio, además de una inhabilitación de seis años para ejercer la profesión.

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La sentencia fue dictada este lunes donde el Tribunal de Impugnación condenó a Fasano, quien era auditora del Colegio de Farmacéuticos, fue la principal responsable, acusada de haber cometido 574 estafas, a 9 años y 6 meses de prisión, al farmacéutico Caffaratti señalado como coautor de 249 estafas a 8 años y 6 meses de prisión, al farmacéutico Mastandrea como coautor de 122 estafas a 8 años de prisión y al farmacéutico Mascaró como autor de 107 defraudaciones a 6 años y 6 meses de prisión.

Además de las penas de prisión, las cuatro personas fueron inhabilitadas para ejercer la profesión por seis años y todos están sujetos a medidas cautelares, incluyendo el uso de tobilleras electrónicas y la prohibición de salir de los límites de sus localidades.

Argumentos de las defensas y rechazo de los recursos

En el mes de septiembre la defensora de Fasano, Mastandrea y Mascaró argumentaron en su impugnación la nulidad de los allanamientos y cuestionaron el proceso de recolección y resguardo de la evidencia digital, alegando que existieron fallas en los procedimientos que afectaron el debido proceso.

Como segundo eje plantearon violaciones al debido proceso por “pérdida de la razonabilidad investigativa y olvido del principio de inocencia”. Por su parte, el defensor de Caffaratti reiteró la búsqueda de un sobreseimiento a través de una propuesta económica de reparación integral por parte del imputado, que ya había sido rechazada durante las etapas previas del juicio. Además, pidió la absolución de su cliente tras desarrollar críticas al sistema de auditorías implementado por Ipross y a la delegación de funciones de contralor de la obra social estatal al Colegio de Farmacéuticos.

Los abogados defensores consideraron que las penas de prisión eran arbitrariamente elevadas y solicitaron su revisión, señalando que el castigo impuesto superaba la proporcionalidad del delito. Sin embargo, durante la audiencia de impugnación, tanto la Fiscalía como la parte querellante respondieron a cada uno de estos planteos y reiteraron su pedido para que se ratificaran todas las condenas.