General Roca  – Ayer se llevó a cabo la segunda audiencia por parte de los abogados de los farmacéuticos condenados por la millonaria estafa al Ipross, en busca de revertir el fallo que los llevaría a prisión. La primera audiencia se realizó el pasado martes 23 de septiembre, en la Ciudad Judicial de General Roca.

Actualmente, los implicados permanecen con tobillera electrónica ya que recibieron una pena de hasta nueve años y medio de prisión, que se harán efectivas una vez que la condena quede firme. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación dejó claro que, mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, las personas seguirán bajo monitoreo con las tobilleras electrónicas.

Durante las audiencias, la defensa de Fabio Caffaratti, Sandra Fasano, Rodolfo Mastandrea y Raúl Mascaró expuso sus agravios ante el Tribunal de Impugnación, en un intento por modificar las penas. Hoy fue el turno del Ministerio Público Fiscal y de la Fiscalía de Estado de la provincia, quienes en su rol de querellantes defendieron el fallo del tribunal de juicio.

En una audiencia que duró caso cuatro horas, la fiscalía y la querella respondieron uno por uno a los agravios que habían detallado el martes los defensores. Además pidieron al Tribunal de Impugnación que se rechace el planteo de prescripción que formuló ayer la defensa y que confirme la condena dictada por los jueces de Roca.

También pidieron que se rechace un nuevo pedido de la defensa, que reclama la nulidad de una pericia. La fiscalía explicó por qué está demostrada la “coautoría funcional” y la “connivencia” entre todas las personas imputadas para poder cometer el delito. “Tenían la decisión común de ir hacia un objetivo y para eso se dividieron las tareas”, indicó.

La fiscalía cuestionó que “La Defensa no vino a esta audiencia a atacar la sentencia y a demostrar qué supuestos errores cometió el tribunal de juicio».

En la audiencia del martes el defensor Vila insistió en que debió aceptarse su propuesta de reparación económica integral a cambio del cierre del proceso penal. En su momento ese ofrecimiento fue rechazado por las partes acusadoras y finalmente fue denegada por el tribunal de juicio. Hoy la fiscalía pidió que se confirme ese punto de la sentencia y se rechace nuevamente el ofrecimiento de reparación en los términos que lo planteó la defensa.

La querella también se explayó en los fundamentos por los cuales considera que se debe confirmar íntegramente la sentencia condenatoria de primera instancia. Mañana jueves se realizará la audiencia final, con el “derecho a la última palabra” de cada uno de los imputados.

Este caso es uno de los mayores fraudes contra el Estado rionegrino en las últimas dos décadas y es considerado un caso complejo, ya que el tribunal de Viedma se trasladó a Roca para llevar a cabo la audiencia, algo poco habitual en el ámbito judicial provincial, por lo que conlleva más tiempo su resolución.

El monto del daño causado, por el cual se le impusieron las penas, en su última actualización según lo expuesto por la Fiscalía en los alegatos de clausura, es de 4.100.000.000 de pesos, enfatizando en la cantidad de víctima contando entre estas a la totalidad de los afiliados de Ipross que se vieron perjudicados, directa o indirectamente, por esta estafa millonaria.

Se estima que, para finales de octubre, mediados de noviembre ya este se conozca el dictamen final.