A través de un comunicado, Odarda manifiesta: «El Presidente de la Nación, dentro del paquete de medidas del DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA vigente desde las 0 hs del día 21 de diciembre, incluyó subrepticiamente la derogación lisa y llana de la Ley contra la extranjerización de tierras argentina n° 26.737, denominada: “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, sancionada el 22 de diciembre de 2011.

Esta ley tiene en su espíritu la decisión soberana del Estado de proteger la TIERRA DE LOS ARGENTINOS Y ARGENTINAS, regulando los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, a personas humanas o jurídicas extranjeras, que no vienen a vivir y trabajar en territorio argentino, sino a llevarse sus riquezas.

• Entre sus disposiciones indica:
  – Cupo del quince por ciento (15%) de tierras en manos de extranjeros.
  – Prohibición de venta a extranjeros de tierras que contengan cuerpos de agua dulce.
  – Límite de 1000 hectáreas para un mismo titular extranjero y prohibición de venta de inmuebles en zonas de seguridad de frontera.
  – Prohibición de la figura del testaferro utilizado con frecuencia para violar la ley.
  – Nulidad absoluta e insanable, sin derecho a indemnización, para quienes violen la ley.

Esta normativa fue de esas leyes que nacen desde el pie, o sea desde el pueblo hacia quienes en definitiva la sancionaron. Fue producto de la lucha de organizaciones políticas, agrarias, ambientalistas y sociales de todo el país y significó el freno al proceso de extranjerización en la Patagonia y en el resto del país.

Los alambrados y tranqueras crecieron al ritmo de las publicidades en medios del mundo, donde se ofrecían a precios irrisorios tierras “con costas de lagos y ríos” en el paraíso argentino.

Aparecieron los “Lewis”, los “Benethon”, los “Thompkins”, los “Burco”, y en estos últimos años, los qataríes y árabes interesados por comprar. El interés primario por contar con su paraíso privado en la Patagonia, luego viró hacia actividades con fin de lucro con la construcción de hidroeléctricas, la megaminería, la explotación del petróleo, del gas. En definitiva, el extractivismo se difundió como un virus imparable sobre territorios de pequeños y medianos productores y comunidades indígenas.

Argentina estaba de remate en los 90, y ahora lo volverá a estar.

La derogación a la que hoy asistimos, no es producto de la casualidad porque el primer intento de desanaturalizar su objetivo fue el decreto de Mauricio Macri n° 820/16 que según la denuncia del diputado Tahilade, fue escrito de puño y letra por los abogados de Joseph Lewis en sus oficinas de la ciudad de Buenos Aires.

Hoy me atrevo a decir, que ningún argentino votó la entrega lisa y llana del territorio nacional a capitales británicos, italianos, belgas, qataríes árabes o de otras naciones que pretenden arrebatarnos no solo la tierra, sino el AGUA, nuestros glaciares y los minerales estratégicos que se esconden en las entrañas de la tierra, como el uranio, la plata, el oro y el litio. Jamás estuvo esta medida en ninguna plataforma política, ni en ningún discurso previo o posterior a la elección.

En los próximos días, presentaremos una acción de inconstitucionalidad del decreto 70/2023 e insistiremos para que debata en el Congreso de la Nación, con participación de organizaciones y de todo un pueblo que hoy sabe a ciencia cierta que un grupo de empresarios extranjeros pretenden REMATAR AL MEJOR POSTOR EL FUTURO DE TODOS.

María Magdalena Odarda
Abogada Magister en Políticas Públicas y Gobierno
Legisladora por la Provincia de Río Negro – Bloque Vamos con TODOS.