La jueza de Garantías, Georgina Amaro, de la Primera Circunscripción Judicial presidió hoy una audiencia en la que a pedido de la fiscal Paula Rodríguez Frandsen se formularon cargos contra un joven por “violación de secretos” cuando en marzo pasado se quedó en lo de una pareja amiga, y tomó imágenes sensibles de una computadora de los novios.

Según la acusación que fue avalada en su totalidad por el abogado querellante Santiago Güenomil, el hecho delictivo tuvo su origen cuando en la madrugada del 29 de marzo, el muchacho sin la debida autorización “copió” fotos íntimas de sus amigos y se las envió a su novia. Luego, la pareja se enteró por intermedio de la novia a quien le habían prestado la computadora.

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Este delito, para la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) –asistida por su adjunto Gonzalo Sanz- la querella se enmarca dentro del artículo 153 del Código Penal Argentino (primer párrafo). Establece que “será reprimido con prisión de 15 días a seis meses el que abrare o accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida”.

No obstante, la etapa inicial del caso tuvo otras derivaciones en virtud de que se descubrió una segunda imputación, tras la denuncia formulada por la pareja. Es que tras un allanamiento a la vivienda del sospechoso el 30 de abril pasado se encontraron en su teléfono celular un total de ocho imágenes de abuso sexual infantil.

Esta situación implicó que se incluye al propietario del celular en una trasgresión dentro del artículo 128 (segundo y último párrafo). Estipula que “será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que a sabiendas tuviere en su poder representaciones de las descriptas”, y que “todas las escalas penales previstas en este artículo se elevarán en un tercio en su mínimo y en su máximo cuando la víctima fuere menor de 13 años”.

Según las partes acusadoras impulsaron tomar en cuenta esos artículos del Código, tras lo cual la magistrada admitió los cargos estableciendo un plazo de cuatro meses para profundizar las investigaciones dentro de este conflicto que se ventiló en la sala anexa de los tribunales capitalinos con la asistencia de las víctimas y familiares. En este marco, y respetando derechos, se solicitó a la prensa no difundir imágenes ni identificación de las partes.