Durante la entrevista, el abogado señaló que su cliente le manifestó, en confianza, que siente una especie de adicción, describiéndola como una compulsión que le resulta imposible de controlar, similar a una dependencia. “Me confesó que no podía parar, que intentaba dejar de consumir ese material, pero que volvía a hacerlo, como si fuera una adicción”, comentó Tapia. Esta revelación, sin embargo, no fue utilizada formalmente en el juicio, aunque podría haber sido mencionada en la etapa de debate de la pena.

¿Habrá un tratamiento de rehabilitación?

Según Tapia, el servicio penitenciario provincial no cuenta con programas de tratamiento específicos para quienes han cometido este tipo de delitos. Durante el tiempo en que estuvo en libertad y aguardando el juicio,  asistió a grupos de adictos al sexo, pero esta asistencia no continuará en su reclusión. El abogado defensor manifestó su preocupación por la falta de apoyo psicológico, que considera esencial para abordar este tipo de compulsiones.

Otro de los aspectos que inquieta al entorno del acusado es su seguridad dentro del penal. Este tipo de condenas suele conllevar riesgos para los internos, quienes en ocasiones enfrentan hostilidad por parte de otros reclusos. Tapia explicó que intentará asegurar su aislamiento en pabellones destinados a ofensores sexuales para minimizar posibles agresiones. “La idea es que esté en un sector separado de la población general por su propia seguridad”, indicó.

El acceso a la tecnología en prisión: un punto de controversia

Respecto a las condiciones de su reclusión, Tapia aclaró que, aunque los jueces no establecieron pautas específicas de restricción tecnológica, en la práctica, el acceso a dispositivos con internet es mínimo en el servicio penitenciario, por lo que no tendría acceso a material inapropiado. “El tiempo que lo traté lo vi como una persona enferma, pero entiendo que esa condición no puede justificar el daño a otros”, admitió Tapia, agregando que su papel como defensor se basó en asegurar el respeto a las garantías constitucionales de su cliente durante el proceso judicial.

«En este momento hay un colapso bastante importante en todas las cárceles de la provincia, y él está en comisaría. Va a estar en comisaría hasta que se cree una vacante. La fiscal creía que la vacante iba a ser creada en el penal en el de Cipolletti, pero bueno, yo voy a intentar que sea en el de Viedma, que es uno que tiene mayores previsiones en cuanto a este tipo de gente» aseguró.