La irrupción de la policía de Gerardo Morales dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) puso en alerta a la comunidad educativa nacional y cosechó el repudio de dirigentes y autoridades vinculadas al ámbito educativo en todo el país.

El mismo ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, manifestó “el repudio más absoluto a la ilegalidad de la intromisión en la UNJU” y explicó que “la Constitución Nacional asegura la autarquía universitaria y la Ley de Educación Superior dice que la fuerza pública solo podrá entrar con expresa orden del juez competente”. Fue luego de haber recibido al rector de la universidad jujeña, Mario Bonillo. «No podemos permitir que ocurra este tipo de hechos en Jujuy ni en ninguna universidad», agregó.

La acción se llevó adelante en el marco de una seria de allanamientos y detenciones en los domicilios de personas que habían participado anteriormente de las protestas contra la reforma constitucional.

De esta manera los gremios rionegrinos se hicieron eco de la situación y manifestaron su solidaridad con docentes y estudiantes. Unter lo expresó a través de un comunicado donde, manifiesta que: «Nada aparece frenar el espíritu dictatorial del precandidato a vicepresidente por el PRO, quien amenaza con expropiar el predio de la UBA».

«Esta semana se difundió una lista con nombre, apellido y dirección de militantes que supuestamente son los responsables de delitos de sedición y privación ilegítima de la libertad. Hasta el momento, ese listado incluye a 42 personas, lo que instala un clima de persecución que nos remite a los años de terrorismo de Estado que no se debe regresar».

«En Humahuaca se inició una cacería contra sindicalistas, organizaciones de base y Pueblo Originarios, que se replica en todo Jujuy. En la Quiaca se intentó un gope destituyente contra el Intendente, que rechazó la reforma. Desde el 20 de junio, la policía dispara y ciega a jóvenes, circulan autos sin patente, se allanan viviendas sin orden judicial, compañeras militantes denunciaron abusos por parte de estos grupos parapoliciales».

«Como trabajadorxs de la Educación nos alerta que este accionar represivo se valide como parte de una campaña prelectoral, para cosechar votos del sector más reaccionario de nuestra sociedad».

«En el año en que nuestro país pretende celebrar los 40 años de recuperación de la democracia, es inadmisible el silencio del Poder Legislativo, que debería ordenar la intervención de Jujuy, pero no lo hace porque la mayoría es parte del partido de Morales y sus aliados. Urge que el Gobierno Nacional se exprese y actúe contra el avasallamiento de la Universidad y que la sociedad en su conjunto condene la represión».

«No hay excusa para que las centrales sindicales, las organizaciones de base y los partidos políticos que dicen defender la vida democrática denuncien esta política de crueldad y se organicen para frenarla. Si no lo hacen, será verdad que Jujuy es la muestra de lo que vendrá. Hoy más que nunca es imperiosa la memoria para no repetir la historia».

Por su parte el secretario general de SITRAJUR, Emiliano Sanhueza, destacó a través de sus redes sociales: «Así es el estado de derecho (de derecha) en Jujuy. Detenciones masivas, calificaciones penales falsas y desproporcionadas por protestar para justificar las preventivas, violación flagrante de la autonomía universitaria»

«Así es la dictadura de Morales. El mismo que quiere ser vicegobernador. Parece que en realidad quiere ser vice emperador. Tiene en Jujuy la suma del poder público. Esto no puede ser gobierno nacional», sentenció.

Grave: ingresaron policías a la Universidad Nacional de Jujuy, mientras docentes estaban convocados para rechazar la reforma constitucional.