El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, ha presentado una denuncia penal contra dos médicos de General Roca y Villa Regina por emitir certificados médicos falsos que beneficiaban a un empleado estatal. La investigación, respaldada por la Fiscalía de Estado, ya ha resultado en allanamientos y el secuestro de materiales esenciales para el caso.

El pasado 23 de mayo, el gobernador Weretilneck, junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, formalizaron la denuncia, que luego fue ampliada una semana después. En esta denuncia, se solicitó la investigación de una médica de Roca y un Psiquiatra de Villa Regina, quienes presuntamente emitieron numerosos certificados médicos falsos que permitieron a un empleado estatal obtener licencias injustificadas.

La investigación encabezada por el fiscal Juan Pedro Peralta busca esclarecer un posible caso de defraudación en perjuicio de la administración pública. Según el documento judicial, se sospecha que los certificados médicos fraudulentos contenían diagnósticos falsos de enfermedades o impedimentos laborales inexistentes.

La semana pasada, efectivos de la policía de Río Negro llevaron a cabo allanamientos en los domicilios de los médicos involucrados, donde se incautaron computadoras y teléfonos celulares. Estos dispositivos serán sometidos a estudios forenses en los próximos días para extraer información relevante para el caso.

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Uno de los médicos investigados tenía en su estado de WhatsApp un aviso informando sobre el costo de emitir certificados falsos, lo que refuerza las sospechas de la existencia de una red dedicada a la emisión de certificados fraudulentos.

«Esta denuncia es un paso importante en la lucha contra las licencias médicas falsas en diversos organismos del Estado» (Alberto Weretilneck)

«Esta denuncia es un paso importante en la lucha contra las licencias médicas falsas en diversos organismos del Estado» dijo el Gobernador.

La gravedad de las acusaciones y el impacto potencial en la administración pública provincial han captado la atención tanto de las autoridades como de la opinión pública.

El Ministerio Público Fiscal tendrá un plazo de cuatro meses para avanzar en las pesquisas.

Desde el Gobierno dijeron que «ratifican el compromiso de Weretilneck en la lucha contra la corrupción y la defraudación en la administración pública» y aseguraron que «Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la integridad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado».