La normativa expresa que “el Estado debe fijar una política para reducir la cantidad y la gravedad de los siniestros viales y la única política válida es la prevención, con lo cual son claves los controladores de velocidad, pero también es necesario que el conductor sepa del control y por ese motivo se autocontrole” dijeron desde el bloque.

Los legisladores afirman entre sus fundamentos que “se incumplen las reglas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que establece en forma taxativa la obligatoriedad de colocar en forma visible y a distancias apropiadas, la cartelería que de cuenta de la existencia de los cinemómetros a fin de lograr el objetivo preventivo que es la disminución de la velocidad de circulación, además de señales de velocidad máxima, enconados de seguridad, respetando lo establecido en el Protocolo de Fiscalización y Control”.

Asimismo, describen que “la falta de cumplimiento de las exigencias de la Ley, motivada en el afán de recaudar, deriva en consecuencia en la “ilegalidad” de la sanción, trastocando el objetivo de la prevención por el de recaudación, generando esa voracidad recaudatoria en una verdadera “trampa caza bobos” para los ciudadanos”.

“No se trata de otorgar carta blanca a los conductores para circular a altas velocidades sino, muy por el contrario, se debe dotar al sistema de la racionalidad adecuada para cumplir con sus fines, reorganizar el sistema de control de velocidades con el fin principal de la prevención y no al de la recaudación»

En relación al proyecto puesto a consideración en el Parlamento, el Presidente de la bancada Javier Acevedo, destacó que “no se trata de otorgar carta blanca a los conductores para circular a altas velocidades sino, muy por el contrario, se debe dotar al sistema de la racionalidad adecuada para cumplir con sus fines, reorganizar el sistema de control de velocidades con el fin principal de la prevención y no al de la recaudación, para decidir la ubicación con criterios técnicos sólidos y fundados,  y en cumplimiento de todos los requisitos ordenados por las leyes nacional y provincial, con lo cual entendemos que se hace necesario como paso previo suspender todos los radares actualmente en funcionamiento” sentenció el Legislador.

El proyecto establece en su artículo 4º que “a partir de la vigencia de la presente ley, se declara la nulidad de todas las actas de infracción labradas, y las que habiendo sido labradas con anterioridad a la suspensión del art. 1°, aún no hayan sido abonadas por los presuntos infractores, debiendo el Juzgado de Faltas competente ordenar de oficio su archivo”.